En el contexto de las elecciones 2026 en Perú, el uso de WhatsApp y otras aplicaciones de mensajería para difundir propaganda política ha crecido notablemente. Este método se ha popularizado entre partidos y candidatos, pero genera dudas sobre su legalidad.
La legislación peruana no prohíbe expresamente hacer campaña política a través de estos medios digitales. Según el abogado en derecho digital Erick Iriarte, «no es ilegal hacer una campaña electoral por ningún medio» siempre que se respete la libertad de expresión y las normas electorales.
La Ley de Organizaciones Políticas (Ley N.° 28094) garantiza a los partidos el derecho a difundir sus propuestas en el periodo electoral. El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) supervisa el cumplimiento de las normas en materia de propaganda política, aunque no regula específicamente el uso de mensajería privada, lo que permite cierta libertad en campañas digitales.
Sin embargo, la situación cambia cuando se emplean bases de datos obtenidas sin autorización. El número telefónico es considerado dato personal si identifica a una persona. La Ley de Protección de Datos Personales (Ley N.° 29733) exige consentimiento para el uso de esta información.
Si un usuario recibe mensajes políticos sin haber autorizado el uso de su número, puede denunciar la situación. El abogado Iriarte advierte que el uso de listas de números adquiridas en mercados ilegales constituye un delito contemplado en la legislación penal.
Además, el Decreto Legislativo 1700 modificó la Ley de Delitos Informáticos para incluir sanciones de cinco a ocho años de prisión y multas para quienes posean, compren o vendan bases de datos personales obtenidas sin consentimiento.
Por lo tanto, mientras la campaña política por WhatsApp es válida dentro del marco legal, el uso indebido de datos personales puede generar consecuencias penales y administrativas.
Información basada en reportes publicados por Gestión. Fuente original.